El juez ve indicios contra Fabra por falsificar documentación para comercializar fitosanitarios

La titular del juzgado número 2 de Nules da por finalizadas las diligencias previas del caso de la supuesta falsificación de cuños y licencias de fitosanitarios del caso Fabra.
En un auto firmado el pasado 29 de abril y que ha llegado hoy a las partes personadas en la causa, la juez halla indicios de "un delito de falsedad documental" en Carlos Fabra, Vicente Vilar, sus ex esposas María Amparo Fernández y Montserrat Vives, y otros cuatro imputados más, que son Hadmi El Azouzi, Mohamed Chakir, Manuel Martínez, y el ex director general del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía.
"Puestos de común acuerdo", y "con ánimo de lucro", según la juez, habrían "falsificado cuños, análisis químicos, sellos y firmas de productos fitosanitarios". Según el auto de la juez, los habrían presentado ante el registro de productos fitosanitarios y el Ministerio de Agricultura, "a sabiendas de su falsedad, y con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones".
La juez dice que "las falsificaciones fueron encargadas" por las ex esposas de Carlos Fabra y de Vilar. La juez añade que "los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez Martí, y remitidos a través de Carlos Fabra" a la subdelegación del Gobierno en Castellón, que a su vez los enviaba "al director general del ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía", para su legalización.
La titular del juzgado número 2 de Nules pide la remisión de estas actuaciones al fiscal Anticorrupción, Luis Pastor Motta, y posteriormente, a las acusaciones personadas, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa, o más diligencias del caso.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma, según la juez.
Esta es la primera de las causas abiertas contra Carlos Fabra en los juzgados de Nules, que concluye el proceso de diligencias previas. El grueso del conocido como caso Fabra, se investiga en el juzgado número 1 de la misma localidad. El mandatario provincial está imputado en ese juzgado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, y fraude fiscal.